El conflicto bélico provocado por Rusia unido a salida de la crisis de la COVID-19, ha provocado un ajuste en las expectativas económicas y geopolíticas a nivel mundial que está teniendo como consecuencia la profundización en los problemas de suministro en las cadenas globales de producción, que ya se manifestaron en la segunda mitad del año 2021, y un agravamiento de la subida de los precios energéticos, que está llevando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a registros que no se conocían en más de treinta años. Estas circunstancias suponen una clara amenaza para las perspectivas de crecimiento económico del año 2022.
Aunque se viene observando un cambio en el patrón de comportamiento habitual de la Comunidad Autónoma respecto a otras etapas anteriores, en las que Andalucía caía más en recesión y crecía menos en recuperación, las consecuencias económicas que tendrá el conflicto en Andalucía y España son todavía muy difíciles de cuantificar.
Todos estos elementos configuran una situación de excepcionalidad económica y social que justifica la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificación de trámites y mejora de la regulación económica, para favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en actividad económica y generación de empleo en el menor tiempo posible. De no ser así, las secuelas de la crisis económica y la superación de los problemas derivados del conflicto bélico de Ucrania se prolongarán en el tiempo.
La eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos son objetivos buscados en todo momento para facilitar la tarea de la administración y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los beneficiarios de las políticas públicas aplicadas. Por ello, durante el pasado año 2021, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, emitieron múltiples normas de concesión de ayudas y subvenciones dirigidas a diversos sectores socioeconómicos.
De esta forma, se hace necesario ampliar el plazo para la presentación de la justificación del pago de las deudas por parte de las personas y entidades beneficiarias de la subvención, dado que se ha dado una real imposibilidad para poder hacerlo, ya que al no estar operativos los sistemas telemáticos de justificación, los beneficiarios de las ayudas no han podido llevar a cabo el trámite.
Para poder aprovechar al máximo el instrumento financiero Next Generation EU y para poder garantizar el acceso a las ayudas del mayor número posible de personas y entidades beneficiarias, además de todo lo anterior, resulta obligada la aclaración del sentido de determinados preceptos y la corrección de otras consideraciones.