El pasado jueves 20 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. El objetivo de esta norma es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París antes de 2050, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular que se garantice el uso racional y solidario de los recursos y promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.
Los riesgos para las empresas
Aunque cada empresa tendrá que hacer frente a los riesgos específicos derivados de la nueva ley según su segmento de negocio, existirán una serie de riesgos comunes asociados a la huella de carbono de cada empresa.
En el plazo máximo de un año, el Gobierno establecerá qué empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los términos para hacerlo de forma transparente y accesible. Las empresas afectadas por dicha obligación deberán contar también en consecuencia con un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el que queden claros los objetivos y las herramientas para alcanzarlos.
Además, se obligará a las grandes empresas y las entidades financieras a ser transparentes con la información de sus activos y a establecer objetivos de descarbonización en su cartera de préstamos e inversiones.
Sector transporte
Se trata del sector más contaminantes del país ya que emite el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Por eso, la nueva ley pone el acento en el abandono progresivo de los vehículos de diésel y gasolina. Sin embargo, tanto los camiones dedicados al transporte como transporte marítimo son de difícil descarbonización, ya que no es fácil mover grandes tonelajes con baterías. Así, el foco de la ley está en los turismos y otros vehículos privados. A partir de 2040, los coches con motores de combustión interna dejarán de ser fabricados.
Industria manufacturera y sector eléctrico
El segundo sector que más emisiones genera en España es la industria manufacturera, pero su descarbonización completa es un tanto complicada. Por eso, la ley ha puesto también el acento en la generación eléctrica en el tercer sector que más gases de efecto invernadero emite. La norma establece un objetivo claro para 2030: fuentes de energía renovable deberán aportar el 74% del consumo eléctrico. Esta cuota deberá alcanzar el 100% antes de 2050.
Es por ello que, en los próximos meses se aprobara una ley de reforma del sector eléctrico, que afectará a todas las centrales de energía renovable, incluyendo las de biomasa y las hidroeléctricas reversibles, y se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en viviendas y edificios.
Además, en lo que respecta a la industria, la ley prohíbe que se otorguen nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio español, incluyendo las zonas costeras, así como impide la facturación hidráulica y la extracción de minerales radioactivos como el uranio.
Tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.